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FISDL en el Sistema de Protección Social Universal

El Sistema de Protección Social Universal (SPSU), ha sido diseñado por la Secretaría Técnica de la Presidencia con el propósito de articular las políticas sociales dirigidas a transformar la realidad de exclusión social y pobreza que enfrentan miles de familias salvadoreñas.

Como se cita en el Plan Quinquenal de Desarrollo, el SPSU “es un instrumento diseñado para concretar las apuestas estratégicas e incidir en las áreas prioritarias” que implica una forma evolucionada de comprender y ejecutar políticas sociales.

La convicción con la que fue creado es que la población salvadoreña goce de los derechos que la Constitución de la República les confiere. Este enfoque de derechos fortalece el capital humano, promueve la participación activa de comunidades y gobiernos locales, en el marco de una gestión territorial.

El SPSU se conforma en dos partes: contributiva y no contributiva de la seguridad social. La primera procede del mercado de trabajo formal. La segunda, llega de la asistencia social con beneficios monetarios o en especie, para enfrentar riesgos originados por desempleo, enfermedad, maternidad, discapacidad, vejez, invalidez, muerte, entre otros. Este último constituye el “pilar solidario del Sistema”.

Partiendo de los diferentes ciclos de vida, principalmente en los sectores más pobres y excluidos,  El Sistema busca en forma gradual garantizar a la población un piso social básico por medio de programas sociales específicos. 

El Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local ejecuta importantes componentes del Sistema. Su marco de acción se concentra en transferencias monetarias condicionadas (Bono para la Salud y la Educación y apoyo económico PATI), pensiones para personas adultas mayores, infraestructura social básica (agua potable y saneamiento, electrificación, centros escolares, centros de salud, mejoramiento de vías rurales, obras de paso, entre otros).

Para realizar la inversión de manera más eficiente, es decir que llegue hasta la población que realmente lo necesita, se utilizan herramientas de priorización. Para el caso del FISDL se vale del Mapa Nacional de Pobreza Extrema, en el área rural; y para la atención a las áreas urbanas, se prioriza partiendo de la información que proporciona el Mapa de Pobreza Urbana y Exclusión Social.

El incremento de la inversión en capital humano, ha implicado una reconversión del papel histórico del FISDL en sus 22 años de existencia. Solo en los últimos cinco años la inversión social ha pasado de un 2% al 50 % del total del presupuesto institucional proyectado para 2012. El cambio de prioridades es un hecho irrefutable y lo es aún más el testimonio de miles de personas que están experimentando un cambio sustantivo en sus vidas debido a la política social integral implementada por el Gobierno de El Salvador.

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